Asociaciones del sector reclaman medidas económicas urgentes para evitar el cierre de numerosas pymes y autónomos

Asociaciones del sector reclaman medidas económicas urgentes para evitar el cierre de numerosas pymes y autónomos

Cuando España entera amanece paralizada y confinada en sus hogares por la crisis del coronavirus, hay Asociaciones que han alzado la voz en defensa de los intereses de una parte del empresariado que vive de su día a día y que ahora, ante la inusual situación de pandemia y estado de alarma decretado por el Gobierno, cuestiona las medidas anunciadas hasta ahora porque las considera «insuficientes» para afrontar el fuerte impacto económico que se espera.

Al hilo de todo ello, la Plataforma Pyme ha lanzado un comunicado en el que pide al Gobierno la aprobación de un paquete de medidas que recoja algunas de las siguientes propuestas:

  • Suspensión de todos los vencimientos tributarios del segundo trimestre de 2020 para pequeñas empresas (hasta 6.010.121,04 € de facturación anual), afectando tanto a los impuestos y tributos estatales, como a los autonómicos y locales, así como a los pagos a cuenta y los aplazados de periodos anteriores.
  • Elevar de manera temporal durante 2020 de la exención de garantías para aplazar deudas tributarias desde los actuales 30.000 € a 150.000 €, aplicable a los periodos tributarios posteriores al segundo trimestre del ejercicio.
  • Permitir la amortización fiscal libre de aparatos informáticos y de telecomunicaciones, adquiridos por pymes y autónomos entre marzo y junio de 2020 para el teletrabajo.
  • Suspensión de los vencimientos de la cotización a la Seguridad Social de empresarios autónomos para los meses de abril, mayo y junio de 2020, que serían automáticamente fraccionados en las liquidaciones siguientes de 2020 y de todo 2021.
  • Otorgamiento de una prestación extraordinaria de 500 €/mes durante de momento tres meses (abril, mayo y junio 2020) a los profesionales autónomos sin cobertura pública ni privada por cese de actividad aplicable, cuya actividad no se pueda desarrollar a través del teletrabajo en la situación de aislamiento (p. ej. restauración, transporte, instalación, construcción, etc.).
  • Simplificación y agilización de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), incluyendo el COVID-19 como una causa de fuerza mayor, suspendiendo los pagos por cotizaciones sociales y permitiendo su trámite telemático, con carácter retroactivo desde la declaración de alarma de 14/3/2020.
  • Reorientación inmediata de las Líneas ICO hacia el apoyo a las pymes y autónomos afectadas por el COVID-19 y el consecuente aislamiento. Se trataría de una línea de crédito extraordinaria cuyo monto sería equivalente al importe medio de la facturación del segundo trimestre en los últimos dos ejercicios, según datos declarados ante la AEAT, sin garantías y con un desembolso por tramos semanales.
  • Mantenimiento de los pagos de las administraciones públicas a las pymes proveedoras y contratistas, a pesar del cese en los suministros y obras públicas, como medida de fomento de la liquidez y a condición de que las empresas mantengan su empleo.

 

Cumplimiento de los pagos

Por su parte, Antoni Cañete, de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), alerta de que «pymes y autónomos se verán inmersos en una crisis de liquidez de dimensiones desconocidas, por lo que, si no reacciona de manera urgente, muchas de ellas no podrán sobrevivir». En ese sentido, y a la espera de que el Gobierno anuncie este martes las nuevas medidas económicas que tiene previsto poner en marcha, la PMcM le insta a que asegure el mantenimiento de la cadena de pagos acometiendo determinadas acciones, que «generan liquidez, pero no deuda al Estado», asegura Cañete.

Reivindica que todas las Administraciones Públicas hagan frente a sus pagos a proveedores y suministradores «dentro del plazo legal de pago» y que, además, cancele «los más de 7.300 millones pendientes de pago en periodo excedido a cierre de 2019 antes de final de este mes de marzo»explica Cañete, para quien «esta medida, que no implica aportación de recursos extraordinarios, solo supone el cumplimiento, por parte de nuestras Administraciones Públicas, de la legislación vigente en materia de pagos».

Pero la PMcM reivindica otras medidas urgentes, entre ellas que se anticipe la devolución del IVA a las pymes y autónomos que lo hubieran solicitado a cierre de 2019; implantar un sistema que permita la compensación de créditos fiscales, como ya vienen haciendo otros países de nuestro entorno; y habilitar, por parte del Instituto de Crédito Oficial, una línea especial de crédito para pymes y autónomos que les permita hacer frente a sus pagos pendientes.

FENIE también ha reaccionado, y ante la evidencia de que la actividad de sus empresas asociadas se verá seriamente mermada por toda esta situación, ha lanzando un llamamiento recordando que este colectivo de empresas instaladoras, compuesto sobre todo por empresas, autónomos y pymes, verá muy mermada su actividad «mientras los costes salariales continúan y, en un corto espacio de tiempo, éstos no serán asumibles», citan en su comunicado.

Su receta es que «se desarrollen mecanismos útiles y rápidos que garanticen la liquidez a las empresas, especialmente a las pequeñas y medianas y a los autónomos, para evitar su quiebra inmediata y que puedan mantener la actividad, protegiendo el empleo».