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Catalu√Īa solicita dictamen sobre la normativa estatal de auditor√≠as energ√©ticas y eficiencia energ√©tica

Noticia    Fecha: 21/04/2016
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Informan en  ICAEN que el Gobierno de Cataluña ha acordado solicitar al Consejo de Garantías Estatutarias un dictamen sobre el real decreto por el que el Estado ha transpuesto la Directiva Europea 2012/27 / UE, relativa a la eficiencia energética y a las auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía. Se trata del paso previo a la interposición de un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional.

Desde este Gobierno ya se formuló hace unas semanas un requerimiento de incompetencia al Estado sobre esta misma norma, estando todavía pendiente de respuesta. Ante la posibilidad de no recibirla o que ésta resulte insatisfactoria, y por la brevedad de los plazos establecidos, en esta Comunidad Autónoma se ha decidido disponer de toda la documentación necesaria para defender hasta la última instancia las competencias de Cataluña.

El Gobierno catalán considera que el artículo 13 y las disposiciones finales primera y cuarta de esta normativa estatal vulneran la competencia de la Generalidad en materia de desarrollo de las bases estatales de la energía y de protección del medio ambiente, ámbitos reconocidos respectivamente en los artículos 133 y 144 del Estatuto.

De ahí que se haya acordado presentar un requerimiento de incompetencia ante el Gobierno Central que, en caso de no ser atendido, irá seguido del correspondiente conflicto de incompetencia ante el Tribunal Constitucional.

Entienden que, en primer lugar, los artículos 13.1 y 13.3 del Real Decreto reservan al Estado, a través del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, el ejercicio de funciones ejecutivas que corresponden a la Generalidad de Cataluña, como son: el análisis de costes y beneficios de los proyectos de instalaciones de cogeneración de alta eficiencia y de los sistemas urbanos de calefacción y refrigeración eficientes situados en Cataluña; la adopción de la decisión sobre qué proyectos o sistemas quedan eximidos de presentar dicho análisis, sobre la base de un balance estrictamente económico; o la realización de la evaluación completa del potencial de uso de la cogeneración en Cataluña.

En cuanto a las disposiciones finales primera y cuarta, éstas introducen novedades en la regulación de las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, reservando determinados roles en la Dirección General de Política energética y Minas (DGPEM) que el Estatuto reserva a la Generalidad. Así, en primer lugar el real decreto establece que el análisis de costes y beneficios deba ir acompañada de una solicitud de autorización administrativa a la DGPEM cuando la instalación de electricidad proyectada, ya sea nueva o fruto de una renovación, ofrezca una potencia térmica superior a los 20 megavatios (MW). Asimismo, el texto normativo también otorga a la DGPEM la potestad de denegar la autorización de una instalación o renovación de instalación térmica si no prevé la cogeneración de alta eficiencia, cuando el análisis de costes y beneficios sea favorable a su incorporación.

www.gencat.cat

 


 

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