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Normativa europea y nacional

DIRECTIVAS EUROPEAS


Las Directivas europeas de Eficiencia Energética de Edificios y la de Eficiencia Energética se justifican principalmente por dos motivos:

  • la reducción de la factura de las importaciones de gas y petróleo 
  • las reducciones de emisiones de CO2. 

Estas externalidades constituyen, a su vez, oportunidades de reactivación económica. Los fondos europeos para el próximo periodo de 2014 a 2020 consideran la eficiencia energética como una de sus principales prioridades y los planes de innovación energética en las ciudades como una de las grandes áreas de inversión.


DIRECTIVA 2010/31/UE relativa a la eficiencia energética de los edificios


La Directiva 2010/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios, que deroga la Directiva 2002/91/CE, tiene por objeto promover la eficiencia energética de los edificios y la eficiencia energética integrada de los edificios o de las unidades del edificio.
La Directiva establecía la obligación de adoptar, a nivel nacional o regional por parte de Los Estados miembros una metodología de cálculo de la eficiencia energética de los edificios teniendo en cuenta aspectos como:

  • las características térmicas del edificio (capacidad térmica, aislamiento, etc.);
  • la instalación de calefacción y de agua caliente;
  • las instalaciones de aire acondicionado;
  • la instalación de iluminación incorporada;
  • las condiciones ambientales interiores.

También se tienen en cuenta otros elementos como la influencia positiva de la exposición solar local, la iluminación natural, la producción eléctrica por cogeneración y los sistemas de calefacción y refrigeración urbanos o colectivos.


Así mismo los Estados miembros tienen la obligación de establecer, con arreglo a la metodología de cálculo anteriormente citada, requisitos mínimos en materia de eficiencia energética para alcanzar niveles óptimos en términos de costes. El nivel de estos requisitos se revisa cada cinco años y se puede hacer una distinción entre edificios nuevos y edificios existentes y entre diferentes categorías de edificios.


Los edificios nuevos deben respetar estas exigencias y, antes del inicio de su construcción, ser objeto de un estudio de viabilidad relativo a la instalación de sistemas de abastecimiento de energías renovables, bombas de calor, sistemas de calefacción y refrigeración urbanos o colectivos y sistemas de cogeneración.
Los edificios existentes, cuando son objeto de trabajos de renovación importantes, deben beneficiarse de una mejora de su eficiencia energética de tal forma que pueda satisfacer igualmente los requisitos mínimos.
Están excluidos de la aplicación de los requisitos mínimos:

  • los edificios protegidos oficialmente (por ejemplo, edificios históricos);
  • los edificios utilizados como lugares de culto;
  • las construcciones provisionales;
  • los edificios residenciales destinados a una duración de uso anual limitada;
  • los edificios independientes de una superficie útil total inferior a 50 m2.

Cuando son de instalación nueva, se sustituyen o modernizan, los sistemas técnicos del edificio como los sistemas de calefacción, agua caliente, climatización y grandes instalaciones de ventilación también deben cumplir los requisitos en materia de eficiencia energética.

Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que cuando se proceda a la sustitución o mejora de los elementos de un edificio que integren la envolvente del edificio y que repercutan de manera significativa en la eficiencia energética de dicha envolvente (por ejemplo, marcos de ventana), se fijen unos requisitos mínimos de eficiencia energética para ellos, con el fin de alcanzar unos niveles óptimos de rentabilidad.

Siempre que se reconstruye o renueva un edificio, la presente Directiva fomenta la introducción de sistemas inteligentes de medición del consumo de energía, con arreglo a la Directiva sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad.

La Directiva también establece la obligación de la inspección periódica de las instalaciones de calefacción (potencia nominal útil de las calderas superior a 20 kW, cada dos años para potencias superiores a 100kW) y aire acondicionado de edificios (potencia nominal útil superior a 12 kW). Se ha de emitir un informe de inspección tras cada inspección de las instalaciones de calefacción y aire acondicionado que incluirá recomendaciones para mejorar en términos de rentabilidad la eficiencia energética de la instalación inspeccionada.

Uno de los principales objetivos de la Directiva es alcanzar los edificios de consumo de energía casi nulo (edificios con un nivel de eficiencia energética muy alto, cuyos requerimientos bajos de energía quedan mayoritariamente cubiertos por energía procedente de fuentes renovables). A partir del 31 de diciembre de 2020, todos los edificios nuevos deben tener un consumo de energía casi nulo y para los edificios nuevos ocupados y sean propiedad de autoridades públicas la fecha se adelanta al 31 de diciembre de 2018. (ver sección)

DIRECTIVA 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética

La Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2012 relativa a la eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE fue publicada en el Diario de la Unión Europea (DUE) el 14 de noviembre de 2012.

La Directiva, aborda aspectos fundamentales que van a afectar en los próximos años no sólo al sector de la eficiencia energética, sino también a otros muchos agentes implicados: el sector público, las compañías comercializadoras y distribuidoras energéticas, los fabricantes y comercializadores de equipos eficientes, las despachos de arquitectura e ingenierías, las empresas de servicios energéticos, las consultoras, las empresas de formación, etc.

Esta Directiva fue objeto de un intenso debate en el seno de la Unión Europea. Tras la revisión de varios borradores, el texto definitivo fue aprobado con el voto favorable de todos los Estados miembros, excepto España y Portugal que votaron en contra, y Finlandia, que se abstuvo.

La Directiva surge como una reacción de la Unión Europea al incumplimiento de los objetivos intermedios fijados para alcanzar la meta final de ahorro del 20 % de energía primaria en el 2020. Este objetivo se enmarca dentro del Plan de Acción energético 20/20/20 de lucha contra el cambio climático. Con carácter general, la Directiva obliga a todos los estados miembros a fijar unos objetivos de eficiencia energética nacionales para el año 2020, que serán analizados por la Comisión en 2014 para valorar si la Unión, en su conjunto, puede alcanzar el objetivo de 20 % de ahorro de energía primara para 2020.

La fecha límite para que los Estados miembros realicen la transposición de esta Directiva a sus respectivas normativas nacionales es el 30 de junio de 2014.

Entre los aspectos más destacados del contenido de la nueva Directiva, cabe destacar:

• Renovación de Edificios 
Los Estados miembros deberán establecer una estrategia para movilizar inversiones en la renovación del parque nacional de edificios residenciales y comerciales, tanto públicos como privados.
Como aspecto más destacado, la Administración Pública estará obligada a jugar un papel ejemplarizante. A partir del 1 de enero de 2014, deberá renovar el 3 % de la superficie total de los edificios con calefacción y/o sistemas de refrigeración que tenga en propiedad y no cumplan con los estándares energéticos mínimos que se fijen.
• Auditorias Energéticas y Sistemas de Gestión Energética
La Directiva apuesta por las auditorias energéticas y los sistemas de gestión energética, instando a los Estados miembros a que fomenten su implantación por los usuarios finales.
Señala que las auditorias deben ser de elevada calidad, con una buena relación entre coste y eficacia, y efectuadas por expertos cualificados y / o acreditados. Insta también a los Estados miembros a fijar unos criterios mínimos, transparentes y no discriminatorios que garanticen dicha calidad.
Como acción concreta, requiere auditorias energéticas periódicas obligatorias para todas las empresas que no sean PYMES, y revisables periódicamente como mínimo cada cuatro años a partir de la fecha de la auditoria anterior. "No podemos quedarnos como estamos, se precisa credibilidad y transparencia"
• Adquisición de Productos y Servicios eficientes
También dentro de esta función ejemplarizante de la Administración Pública, los Estados miembros garantizarán que las Administraciones centrales adquieran solamente productos, servicios y edificios que tengan un alto rendimiento energético.
• Sistemas de Obligaciones de eficiencia energética
Una importante novedad de la Directiva es la exigencia a los Estados miembros de establecer un sistema de obligaciones de eficiencia energética que vele para que los distribuidores y comercializadores de energía alcancen objetivos de ahorro de energía a nivel de usuario final. Se establece el objetivo concreto de que cada año, desde 2014 hasta 2020, el ahorro alcanzado sea equivalente al 1,5 % de las ventas anuales de energía a clientes finales.
• Promoción de la Eficiencia en la Calefacción y Refrigeración
La Directiva centra sus esfuerzos en dos aspectos:
o Cogeneración de alta eficiencia: producción conjunta de electricidad y calor con altos rendimientos energéticos.
o Redes urbanas de calefacción y refrigeración.
Para ambos casos, la Directiva marca una serie de pautas que ayudarán a los Estados miembros en la promoción y fomentos de estas tecnologías. Marca la obligatoriedad de crear un plan nacional, revisable cada 5 años, para el desarrollo de ambos aspectos.
La Directiva exige la realización de análisis coste/beneficio en todo el territorio nacional, con carácter vinculante en caso de valoración positiva, para ver la posibilidad de cogeneración en centrales térmicas (nuevas y renovaciones), cogeneración en gran industria con calor residual, y redes urbanas de calefacción y refrigeración eficiente.
• Fomento de los Servicios Energéticos
La Directiva invita a los Estados miembros a fomentar el mercado de los servicios energéticos, entendidos éstos como una magnífica herramienta para la implantación de medidas de ahorro y eficiencia energética.
El modelo de los servicios energéticos consiste en empresas que asumen un cierto grado de riesgo económico al acometer sus actuaciones (inversiones), vinculando el rendimiento económico del contrato a los ahorros energéticos que se consiguen. Para su fomento, la Directiva propone una serie de actuaciones concretas a realizar por los Estados miembros:
o Listado de proveedores de servicios energéticos cualificados o certificados.
o Modelos de contratos de rendimiento energético para el sector público, incluyendo aspectos relativos a la medida y verificación de ahorros.
o Difusión de información sobre contratos de servicios energéticos.
o Difusión de información sobre instrumentos financieros, subvenciones y préstamos.
o Apoyo al sector público en ofertas de servicios energéticos, especialmente en lo referente a la reforma energética de edificios.


Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020

La Directiva 2006/32/CE sobre la eficiencia del uso final de la energía y los servicios energéticos fijó un objetivo mínimo orientativo de ahorro energético del 9% en 2016 y establecía en su artículo 14 la obligatoriedad para los Estados miembros de presentar a la Comisión Europea un informe de seguimiento sobre las actuaciones y resultados del primer Plan de Acción que establecía el objetivo energético anteriormente mencionado. 
Como consecuencia de estas obligaciones, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en la anterior legislatura, en colaboración con el IDAE elaboró una propuesta de Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020 que incluía un anexo con la cuantificación de los ahorros energéticos obtenidos en el año 2010 respecto a los años 2004 y 2007 de acuerdo con las recomendaciones metodológicas de la Comisión Europea.

El objetivo del Plan es un ahorro de energía primaria de un 20% en 2020 con el que España pretende ahorrar en el capítulo energético 78.687 millones de euros en esta década siendo el objetivo el reducir nuestro consumo energético un 2% cada año.

El Plan de Acción considera prioritarias las medidas propuestas para los sectores difusos. En particular, para el de la Edificación y Equipamiento se persigue una reducción del 15,6% gracias a medidas relacionadas con la envolvente térmica; las instalaciones térmicas y de iluminación; la alta calificación energética, y el Plan Renove de electrodomésticos.

Entre los ahorros propuestos para líneas concretas hay que destacar la reducción de 4.800 ktep al año en la rehabilitación energética de edificios; 130 ktep/año en la reforma del alumbrado exterior en los municipios; y los 7.500 ktep/año por el cambio modal de transporte por carretera al ferrocarril. 
Documentos adjunto Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020 en USB


Reforma energética

Con el fin de equilibrar el sistema eléctrico, poner fin al déficit de tarifa, dar estabilidad y credibilidad al sistema y lograr unos precios eléctricos lo más bajos y competitivos posibles, el MINETUR ha promovido una reforma del sistema energético. La reforma se ha traducido en un paquete de siete Reales Decretos y cinco órdenes ministeriales que se encuentran actualmente en tramitación. Las principales iniciativas legales ya aprobadas son:

1) RDL 9/2013 por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico. Este Real Decreto busca poner fin al importante déficit tarifario del sistema eléctrico español y para ello y entre otras medidas, sustituye el régimen de primas a las renovables por un sistema de retribución aplicable con carácter retroactivo y basado en la rentabilidad razonable de la inversión de una "empresa eficiente y bien gestionada"; modifica la retribución de las actividades de distribución y transporte considerándolas actividades de bajo riesgo; introduce nuevos criterios de distribución del bono social y autoriza la revisión de los ingresos siempre que se incrementen los costes.

Varias instituciones han acordado interponer recursos de inconstitucionalidad contra esta medida por entender que elimina el derecho a prima de las instalaciones renovables y propone en su lugar una rentabilidad del 7,5% antes de impuestos. Esta situación es considerada muy negativa para las cuentas de esas instalaciones y perjudica a miles de inversores.


2) Orden IET/1491/2013 por la que se revisan los peajes de acceso de energía eléctrica para su aplicación a partir de agosto de 2013. Con esta Orden se revisan los peajes de acceso de energía eléctrica y supone cambios muy significativos en la metodología de cálculo del importe de la factura eléctrica. Su entrada en vigor implica cambios muy significativos en la metodología de cálculo del importe de la factura eléctrica. En concreto, para las tarifas de uso profesional: 3.0A (baja tensión), supone una subida media del 60% en el término de potencia y una bajada media en el término de energía (consumida) del 22%. Para las tarifas 3.1 y 6.1 de alta tensión, la Orden implica una subida media en el término de potencia del 94% y una bajada media en el término de energía del 58%.

Estas variaciones pueden beneficiar principalmente a grandes consumidores pero no así a los pequeños, que son la inmensa mayoría, si bien lo más perjudicial de esta medida es que desincentiva el ahorro, el consumo eficiente de la energía y por tanto la realización de inversiones en eficiencia energética, yendo en contra de la Directiva 2012/27/UE de Eficiencia Energética que ha de trasponerse.


3) Proyecto de Ley del Sector Eléctrico. El pasado día 20 de septiembre de 2013 se aprobó por el Consejo de Ministros, para su remisión a las Cortes, este Proyecto que tiene como objetivo proveer al sector de un marco regulatorio homogéneo, transparente y estable, que introduce la certidumbre y confianza necesaria que el sistema eléctrico había perdido, durante la última década, por la acumulación de desequilibrios financieros y la continua sucesión de cambios normativos.

Para ello, el Gobierno acomete una reforma global del sector eléctrico, basada en un nuevo régimen de ingresos y gastos del sistema eléctrico que garantiza la corrección de los desequilibrios, y una regla de estabilidad financiera que evita la aparición de nuevos desajustes. Además, se limita la introducción de nuevos costes en el sistema eléctrico sin el necesario acompañamiento de un aumento equivalente de los ingresos y se establece que aquellos sobrecostes generados por las normativas autonómicas o locales deberán ser asumidos por estas. El Proyecto de Ley también establece los parámetros que aseguran una rentabilidad razonable para los proyectos empresariales regulados, cumpliéndose el doble objetivo de reducir los costes del coste del sistema y asegurar una rentabilidad para los mismos en función del riesgo de la actividad.
El Proyecto de Ley introduce herramientas de flexibilidad con la finalidad de adaptar las retribuciones a la situación cíclica de la economía y a las necesidades del sistema, tras un período regulatorio de seis años, conjugando la necesidad de estabilidad y previsibilidad para los agentes con la exigencia de adaptación de los regímenes retributivos. Además, el Proyecto de Ley aumenta la protección del ciudadano y eleva la competencia, estableciendo medidas para fomentar la capacidad de elección del consumidor, agilizar el proceso de cambio de compañía y se simplifica y clarifica la factura eléctrica. La norma establece la creación del bono social para los consumidores vulnerables de acuerdo a determinadas características sociales, consumo y poder adquisitivo.

También se crea el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor, que será el precio máximo de referencia al que podrán contratar la mayor parte de los consumidores domésticos, si bien las empresas podrán aplicar descuentos sobre él, y se habilitan nuevas comercializadoras para el suministro de estos clientes.

 


 

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