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El nuevo informe sobre morosidad de la PMcM vislumbra mejoras en los plazos de pago

Noticia    Fecha: 02/02/2017
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Antoni Cañate, presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), alertó del peligro de involución que puede provocar la aprobación del Proyecto de Ley de Contratación del Sector Público tal como está diseñado. Entre los objetivos que inspiran a esta nueva Ley, en tramitación parlamentaria hasta la fecha, figura el de lograr una mayor transparencia en la contratación pública, facilitando también el acceso a las pymes, algo que Cañete ve inviable de no introducir cambios en su concepción.

Muy crítico con esta propuesta, "que retrotrae a tiempos peores", detalló las alegaciones de la Plataforma, que atañen no sólo a exigir un plazo máximo de aprobación de certificados de 30 días, sino también a la necesidad de establecer plazos de pago que eliminen el pacto de las partes, además de contemplar la obligación por parte del licitador de comprobar los pagos a los contratistas y abrir la posibilidad a pagos directos.

Con una hoja de ruta que incluye la reunión con responsables políticos de todo el arco parlamentario para mover éste y otros asuntos, como el tan demandado Régimen Sancionador, Cañete anunció que a finales de abril tendrá lugar una nueva Cumbre Político-Empresarial, para que se implemente ese compromiso que llevará a un cumplimiento más firme de los plazos de pago entre las partes.

Mejor comportamiento en los plazos

Sobre los datos que figuran en el ‘Informe sobre Morosidad: Estudio Plazos de Pago en España 2016', el presidente de la Plataforma reconoció que el comportamiento en el plazo medio de pago a proveedores ha vuelto a descender tanto en el sector público -en un 5,3%- como en el privado - en un 9,4%-, pasando respectivamente de 75 a 71 y de 85 a 77 días, aunque manteniéndose lejos de los 30 y 60 días que establece la ley.

En este punto, Cañete alertó de una segmentación del dato relativo a la reducción de 8 días en las transacciones del sector privado, ya que mientras el pago de autónomos y micro empresas es de 44 y 50 días, respectivamente, las grandes han dilatado el tiempo y elevan sus pagos de media a los 126 días. Esta situación genera una clara posición de dominio que distorsiona la relación y provoca la financiación de las grandes por las pequeñas, cuando tendría que ser a la inversa.

Evitar ese abuso es un compromiso y razón de ser de la Plataforma, que reclama de la CEOE un mayor compromiso a la hora de hacerse eco de ese clamor y de defender los interese generales de todas las empresas, y no sólo de las grandes.

"Por tercer año consecutivo el sector público presenta un mejor comportamiento que el privado", aseguró Cañete, que valoró de forma positiva las políticas implementadas en el ámbito público, "ya que sistemáticamente mejoran año tras año", una circunstancia que no se da en el sector privado, donde tampoco existe un Observatorio de Morosidad. Es la propia PMcM quien realiza este estudio, muy bien referenciado a nivel nacional e internacional.

Precisamente, y tras aportar el dato recurrente de un incremento del 2% en las ventas que reconocen haber experimentado los consultados -más de 700 empresas de organizaciones asociadas y también ajenas-, el informe revela que en 2016 el 68% de los proveedores mantuvo contratos o acuerdos comerciales con clientes que les imponían plazos de pago superiores a los 60 días que establece la Ley 3/2004.

Intereses de demora

A esto también se suma el preocupante dato de que, en caso de sufrir impagos, el 91% de los proveedores nunca o casi nunca exigieron a sus clientes morosos los intereses de demora; y el 96% de los proveedores no exigieron la indemnización legal por costes de recobro en caso de retraso o impago.

Esto podría deberse "sobre todo más al miedo de perder el cliente y el sistema de reclamación en sí, más que al propio desconocimiento", apuntó con buen criterio Cañete, basándose en que el 71% de los encuestados ha asegurado conocer la legislación existente, aunque bien es cierto que "no deja de sorprender que exista un 29% de empresas que aún la desconozca".

Un somero análisis de la PMcM sostiene que la morosidad ha causado ya el cierre de un tercio de las 500.000 empresas que han desaparecido desde el inicio de la crisis. En este sentido, casi la totalidad de los encuestados (93%) manifestó estar a favor de la implantación -de una vez por todas- de ese demandado régimen sancionador. Una medida que ha sido anunciada recientemente por el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y que desde la Plataforma contemplan con reservas tras años de promesas pero nulo cumplimiento. "No es la derivada correcta el aumentar impuestos, sino ser más efectivos y eficientes", apuntó Cañete, quien de nuevo puso el acento en el riesgo que entraña la actual propuesta de Ley de Contratos del Sector Público.

El paisaje que describió Cañete contempla la comentada involución en los plazos de pago, con el consiguiente cierre de empresas y destrucción de empleo. Confuso y extrañado de que todavía se confundan los plazos de pago con los medios de pago, como el confirming, el responsable de la PMcM confío finalmente en que los partidos políticos decidan incluir las propuestas de la Plataforma en sus enmiendas "por el bien de nuestras pymes y autónomos".

www.pmcm.es

 

 


 

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