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Facua interpreta que el actual real decreto-ley no frena la pobreza energética

Noticia    Fecha: 01/02/2017
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Facua Consumidores en Acción lanza sus criticas en contra del real decreto-ley contra la pobreza energética, fruto del acuerdo entre PP, PSOE y Ciudadanos y que se convalidó ayer, al entender que no será capaz de frenar esta problemática al no concretar medidas firmes para combatirla. Para la asociación se trata de "una norma carente de compromisos", que pospone a un futuro desarrollo reglamentario la redefinición del fallido bono social y los requisitos que deberán reunir los usuarios beneficiarios del mismo.

Alegan, además, que ante la escandalosa escalada del precio de la luz durante el mes de enero el Gobierno no ha movido sus planteamientos, y sigue posponiendo hasta la primavera la prohibición de los cortes de luz a familias sin recursos.

La asociación denuncia la "opacidad con la que el Gobierno y el principal partido de la oposición vienen negociando las medidas", asegurando que no existen garantías reales de que el real decreto-ley siente las bases para "el principio del fin de la pobreza energética", como han anunciado en más de una ocasión los integrantes de los partidos implicados.

Financiación del bono solcial

Desde Facua se quejan de que el real decreto-ley "simplemente plantea que a partir de ahora sean todas las comercializadoras eléctricas las que financien el bono social", al responder la norma a la imposición planteada por la reciente sentencia del Supremo de modificar su sistema de financiación. Al mismo tiempo, critican la negativa del Gobierno a dialogar con la sociedad civil sobre las características y destinatarios de esta tarifa.

Todo ello lleva a pensar a Facua que el Gobierno, en materia de política energética, "sólo negocia con las eléctricas y el PSOE, mientras el ministro de Energía, Álvaro Nadal, sigue negándose a recibir a los movimientos ciudadanos".

En Facua tienen muy presente que el real decreto-ley se limita a plantear que los cortes de luz se prohibirán, en determinados casos, a través de un futuro desarrollo reglamentario, "por lo que el Gobierno elude su capacidad de paralizarlos de manera inmediata". Y alegan que, al igual que con el bono social, la norma tampoco sienta las bases de qué nivel de pobreza debería sufrir el usuario para poder impedirse el corte de luz por impago.

Tampoco queda claro si serán las eléctricas las que asuman los costes de las facturas impagadas por las familias protegidas por la prohibición de los cortes de luz o, como pretenden las compañías, se trasladará esta responsabilidad a ayuntamientos y comunidades autónomas.

www.facua.org

 


 

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