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Javier García Breva aboga por un nuevo modelo energético pensado para el consumidor

Noticia    Fecha: 05/07/2016
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El experto en temas medioambientales Javier García Breva ha elaborado un nuevo Informe IPM "Acuerdo de París 2015: repercusión en la política energética española", en el que este experto determina que cumplir el Acuerdo de París obliga a elaborar una nueva regulación eléctrica y ambiental que anteponga los objetivos climáticos a la política económica. Este trabajo, editado por Imedia, fue presentado en la sede permanente de la Comisión Europea en Madrid coincidiendo con el anuncio del Premio Princesa de Asturias a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y al Acuerdo de París.

Entiende García Breva que "el modelo energético ha de estar pensado para el consumidor y no para las corporaciones energéticas", de ahí que sugiere "invertir las prioridades para que la sostenibilidad ambiental determine la sostenibilidad económica del sistema energético".

García Breva analiza la transcendencia de este acuerdo en la economía, utilizando los ejemplos de Estados Unidos, China y Europa para finalizar con España, que se encuentra muy alejada del objetivo al que se ha comprometido. Al hilo de todo ello, recordar que la cátedra de BP de Energía y Sostenibilidad de la Universidad Pontificia de Comillas, determina en este contexto que las emisiones de CO2 por el uso de la energía crecieron en España, desde el año 2000, en un 38%, al tiempo que en la UE-15 se iban reduciendo en un 12,7%. Estos datos permiten argumentar a García Breva que, con las políticas actuales, "las emisiones en nuestro país podrían alcanzar el 80%" y que España sólo podrá cumplir el acuerdo que ha firmado en la ONU cambiando su política energética.

Ese cambio comporta adoptar las cinco medidas siguientes: multiplicar por tres la potencia renovable integrándola en el urbanismo y transporte dando más competencias a los ayuntamientos, impulsar la rehabilitación energética a escala de ciudad, electrificar el transporte, sustituir la política de regalar derechos de CO2 y establecer un regulador independiente del medioambiente.

Impacto en la economía española

Explicó García Breva que, en el caso de España, existe una relación directa entre dedicar el 4% del Producto Interior Bruto a importar hidrocarburos y el crecimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por ello, reducir el consumo de combustibles fósiles debe ser el primer objetivo de la política energética. Las políticas de mitigación y adaptación al cambio climático representan el factor de competitividad más importante para impulsar la economía y el empleo. En caso contrario, "el impacto del cambio climático en España puede suponer una pérdida del 3% de la riqueza nacional", subrayó García Breva.

En la presentación del último Informe IPM de Javier García Breva también participaron Mariano González Tejada, responsable de la Campaña de cambio climático y transporte de Greenpeace, y Rafael Barrera, director general de ANPIER, quienes aprovecharon la oportunidad para difundir sus respectivas propuestas para cumplir el objetivo acordado.

En ese sentido, Mariano González defendió el informe "El transporte en las ciudades: un motor sin freno del cambio climático" en el que Greenpeace analiza la importante contribución de la movilidad en las áreas urbanas españolas al calentamiento global, remarcando que "el transporte de nuestras ciudades y áreas metropolitanas es responsable del 10% de todas las emisiones de CO2 en España". Según su criterio, "lo positivo es que cortar estas emisiones a la mitad en 2030 resulta totalmente viable y razonable", pero para conseguir esa meta hace falta la voluntad política de los municipios a la hora de "aplicar las medidas adecuadas".

Por su parte, Rafael Barrera aportó la visión de los productores fotovoltaicos presentando el Proyecto Transición Energética en el que está trabajando la asociación. Se trata de un trabajo de identificación, análisis y cuantificación de los impactos ocasionados por el modelo de generación fósil sobre las personas, los animales, la flora, la agricultura, el agua y la cubierta vegetal en España, sirviendo los resultados alcanzados como sustrato de una acción legal contra el Estado español por el conjunto de la normativa energética española que ha venido amparando la generación fósil y dañando la generación renovable.

www.tendenciasenenergia.es

 


 

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