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La demanda de rehabilitación requiere más apoyo financiero, exige Javier García Breva

Noticia    Fecha: 07/09/2016
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Los buenos resultados del Programa de Ayudas para la Rehabilitación Energética de Edificios existentes PAREER CRECE dan pie al experto en políticas energéticas Javier García Breva a exigir mayores apoyos financieros, que permitan hacer frente a la demanda de rehabilitación.

A tenor de los resultados del PAREER CRECE, gestionado por el IDAE, el presidente de N2E incide en un reciente artículo publicado en su Oficina virtual en la "fuerte demanda de rehabilitación". García Breva recuerda que el programa se ha cerrado ocho meses antes de lo previsto, al agotar el presupuesto de 200 millones de euros con que se dotó. Además, ha permitido atender las 2.200 solicitudes presentadas, que han generado una inversión de 454 millones de euros, quedando 67 millones de ayudas a proyectos en lista de espera para futuras convocatorias.

"La demanda es mayor aún si se tiene en cuenta que la rehabilitación en las administraciones públicas está casi paralizada, pendiente de que Bruselas modifique el criterio para que las inversiones en eficiencia no computen como déficit público", alerta el experto, y que permitiría cumplir la obligación de la Directiva de eficiencia energética para que la administración rehabilite cada año el 3% de la superficie de sus edificios.

A esta evidente "demanda de rehabilitación" debería corresponder "un incremento de los apoyos financieros", orientados a la maduración del mercado y a extender los beneficios de la eficiencia energética al conjunto de los consumidores, dado su potencial de creación de empleo, ahorro de costes energéticos, sostenibilidad ambiental, integración de tecnologías inteligentes y renovables y actividad empresarial innovadora, señala García Breva.

Proyecto Zebra 2000

El asesor en política energética, también se hace eco en su artículo de las conclusiones del proyecto europeo Zebra 2020 que ha evaluado el impacto de la certificación energética de edificios, y que ha puesto de manifiesto que para la mayoría de profesionales inmobiliarios, así como compradores o arrendadores, no se vincula la certificación energética con la mejora de la eficiencia energética. "Es más grave en la vivienda de nueva construcción: Más del 61% en 2015 obtuvieron la letra D, E, F o G, cuando la letra mínima en España es la C y la A o B en Europa", indica el experto.

Por todo ello, y ante la obligación de que tanto la nueva edificación como la rehabilitada sea de consumo de energía casi nulo en 2020 (2018 para los edificios públicos), García Breva advierte de la urgencia de romper las barreras que impiden el desarrollo del mercado con medidas como: una regulación que dé más peso a la energía consumida sobre la contratada en la facturación eléctrica; que los Ayuntamientos ejerzan sus competencias para incluir la alta eficiencia energética en sus ordenanzas fiscales y de edificación; que se incorpore una escala en los impuestos sobre edificios, como el IBI, que incentive el ahorro de energía y emisiones; el control riguroso por las Comunidades Autónomas del régimen de registro, inspecciones y sanciones de las certificaciones energéticas; el incremento de los recursos destinados a rehabilitación del Fondo Nacional de Eficiencia Energética mediante el sistema nacional de obligaciones de eficiencia energética, fondos FEDER y los Presupuestos Generales del Estado; o que la función ejemplarizante de las administraciones públicas se concrete en estrategias de colaboración público-privada de rehabilitación.

"La demanda de rehabilitación detectada en el PAREER CRECE debería impulsar una mayor disponibilidad de recursos, tanto para residencial como terciario", concluye Javier García Breva. "Las administraciones públicas están obligadas a realizar un balance de los beneficios que la eficiencia energética aporta a la sociedad. La mejora de la calidad de vida y de la competitividad no depende del derroche de recursos energéticos sino de cómo se determine su uso más racional", añade.

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