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Medidas disuasorias aplicadas a la movilidad que podrían implantarse en la edificación

Noticia    Fecha: 28/04/2017
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Partiendo de que tanto el transporte como la edificación son sectores con ciertas semejanzas, al generar ambos emisiones contaminantes a la atmósfera y contribuir, por tanto, al problema global del cambio climático, la Fundación La Casa que Ahorra pretende analizar cómo se está actuando en cada uno de ellos y si las medidas disuasorias de uno son aplicables al otro.

Mejor la eficiencia energética implica, en ambos casos, reducir el impacto de las emisiones de gases de efecto invernadero y contribuir al cumplimiento de objetivos ambientales. Pese a ello, Albert Grau, gerente de la Fundación La Casa que Ahorra, considera que la Administración tiene un tratamiento muy diferente a la hora de incentivar las mejoras o adoptar medidas en los dos casos. Es decir, utiliza un doble rasero o vara de medir.

A nivel local y en el sector automovilístico se ha estipulado que en Barcelona, a partir de 2019, los vehículos con más de 20 años no podrán circular de lunes a viernes. Se trata de una medida que, al implantarse, contribuirá a reducir en un 30% las emisiones asociadas al tráfico en los próximos 15 años. Y es que no hay que olvidar, señala Grau, que este sector "es el responsable de las más de 25 toneladas de CO2 que se emitieron en toda la provincia en 2014 (el 57,3% de todas las emisiones de Cataluña)". Sin bien se especifica que los perjudicados por no poder acceder a un nuevo vehículo menos contaminante dispondrán de una tarjeta de transporte público gratuita durante tres años, la cuestión que se plantea es si esta medida les facilitará su derecho a la movilidad y/o su acceso al trabajo. Desde la Fundación La Casa que Ahorra lo ponen en duda, y además, y llegado el momento, quizás también se rescaten los Planes PIVE para motivar la compra de vehículos menos contaminantes.

Trazando una analogía con la edificación, la Fundación La Casa que Ahorra se pregunta ¿podrían trasladarse estas medidas coercitivas al sector de la edificación? Por ejemplo, explica Albert Grau, que las viviendas de calificación energética F o G estuvieran obligadas a ser rehabilitadas para mejorar al menos dos clases en un tiempo determinado y que, en caso de incumplirlo, se les aplicara un impuesto adicional en el consumo de energía doméstica. "También se podría ir más lejos e implantar una medida más radical, similar a la de los coches, que consista en no poder usar la calefacción o aire acondicionado de lunes a viernes", añade Grau. Sin duda alguna medidas antipopulares, pero que están basadas en la misma lógica que las de los vehículos.

Esta reflexión la realiza la Fundación La Casa que Ahorra después de analizar el impacto medioambiental del parque residencial, responsable del 66% de las emisiones de GEI de todo el sector edificatorio. Hasta ahora se han establecido obligaciones para garantizar la seguridad estructural del edificio, mediante herramientas como la ITE o el Informe de Evaluación de los Edificios, que inciden básicamente en la seguridad de las personas. Pero, como señala Albert Grau, no se han establecido compromisos para los propietarios de las viviendas contaminantes. Ante este hecho, "me gustaría plantear qué pasaría si se obligase a no poder usar viviendas con las clases energéticas menos eficientes a partir de una fecha determinada", apunta Grau.

La respuesta del ciudadano afectado podría ser, en unos casos, realizar la rehabilitación de su edificio para llegar a la clase energética indicada en la normativa. En otros, como en los vehículos, no se cumpliría, quizá por temas económicos, quizá por reacción primaria ante una imposición. Para el responsable de la Fundación La Casa que Ahorra, esto es una prueba de que esta medida, como la que se ha aprobado en el caso de los coches, también tendría consecuencias negativas traducidas en un coste social y en términos de salud para una parte de la población. Pero también proporcionaría beneficios ambientales, al reducir de manera ostensible el consumo de energía de los hogares de viviendas más ineficientes. Por ello, la Administración Pública debería salir al rescate, pues quién te impone unas condiciones debe asegurarse que puedes abordarlas y/o facilitar su cumplimiento.

 


 

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