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Sorprende el fallo del Tribunal Europeo sobre la devolución de los intereses de demora

Noticia    Fecha: 17/02/2017
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En su sentencia de ayer, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), tras argumentar que la firma de la renuncia de los intereses de demora es legítima en sí misma siempre y cuando fuera voluntaria, y precisamente el saber si lo fue corresponde determinarlo a un juez nacional, deja en el aire la solución al problema de los intereses de demora. Así lo entiende la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), que se lamenta de la confusión que genera, al no tener en cuenta las pretensiones de los 230.000 proveedores que se han quedado sin los 3.000 millones de euros a los que el Gobierno les exigió renunciar si querían cobrar mediante los planes de pago a proveedores puestos en marcha desde 2012.

Antoni Cañete, presidente de la PMcM, estaba convencido de que la sentencia significara "un punto de inflexión en la lucha contra la morosidad en España", sin embargo denuncia que lo que está generando "esa interpretación excepcional" es una "posición de dominio de las AA.PP. en el pago a proveedores".

"El TJUE argumenta que la firma de la renuncia de los intereses de demora es legítima en sí misma siempre y cuando fuera voluntaria y precisamente el saber si lo fue corresponde determinarlo a un juez nacional", apunta Cañete, que está convencido de que "con ello no se tiene en cuenta la relación de posición de dominio entre cliente y proveedor".

En mayo de 2016, la abogada general, Eleanor Sharpston, estimó que la medida del Gobierno fue legal porque la renuncia a los intereses de demora fue "voluntaria", al considerar que los acreedores tenían otras "opciones reales". Una afirmación en la que no se ha tenido en cuenta que la propia Comisión Europea intentara "replicar con vehemencia que, en cierto modo, el mecanismo no era voluntario y que, de hecho, los acreedores no tenían elección", explica Cañete.

Para el presidente de la PMcM, el argumento de la voluntariedad es a todas luces "injustificable y sorprendente", a la vista del literal del artículo 7.2 de la Directiva 2011/7, donde se recoge que se considerará manifiestamente abusiva una cláusula contractual o una práctica que excluya el interés de demora.

"Lo justo sería que se exigiera a las AA.PP. que pagaran de oficio los intereses de demora", alega y no le resulta comprensible "que cuando los ciudadanos y empresas liquidamos nuestros impuestos fuera de plazo tengamos que pagar intereses, y que no ocurra lo mismo con las AA.PP.".

Asimismo, la Comisión Europea ha anunciado de forma inesperada que expedienta al Gobierno español y le insta a adoptar medidas antes de dos meses para que las administraciones cumplan el plazo legal de 30 días. "Este aviso solo puede interpretarse como una exigencia a la implantación del Régimen Sancionador de manera inmediata, que es una de nuestras históricas reivindicaciones", adelanta el presidente de la PMcM.

www.pmcm.es

 

 


 

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