El Congreso extiende las ayudas a la rehabilitación de vivienda: más de 290.000 beneficiarios avalan su impacto
Las ayudas para rehabilitar viviendas con criterios de eficiencia energética tendrán vida más larga. El Congreso de los Diputados ha convalidado el Real Decreto-ley para amortiguar el impacto del conflicto en Oriente Próximo, un texto que, más allá de su dimensión geopolítica, incluye dos medidas de calado para el sector de la vivienda en España: la extensión de las deducciones fiscales por rehabilitación energética y una reforma normativa para facilitar la construcción de vivienda asequible en terrenos públicos.
Tres escalones de deducción según el nivel de mejora
La prórroga de los beneficios fiscales por obras de mejora energética se aplica sobre las cantidades invertidas en obras de rehabilitación que contribuyan a alcanzar determinadas mejoras de eficiencia energética de la vivienda habitual, en viviendas alquiladas o con expectativas de alquilarlas, y en edificios residenciales, acreditadas a través de certificado de eficiencia energética.
El sistema funciona con tres tramos de deducción diferenciados según la ambición de la actuación:
- La deducción del 20% se aplica a obras realizadas hasta el 31 de diciembre de 2026 que reduzcan al menos un 7% la demanda de calefacción y refrigeración de la vivienda habitual, alquilada o en expectativa de alquiler.
- La deducción del 40% corresponde a obras que reduzcan un 30% el consumo de energía primaria no renovable o logren una calificación energética A o B, también hasta finales de 2026.
- Los edificios de uso mayoritariamente residencial podrán beneficiarse de una deducción del 60% por obras de rehabilitación energética que reduzcan al menos un 30% el consumo o alcancen la calificación A o B, con plazo extendido hasta el 31 de diciembre de 2027.
Se trata, en definitiva, de un sistema que premia la profundidad de la reforma: cuanto mayor es el esfuerzo inversor y más significativa la mejora energética conseguida, más generoso es el incentivo fiscal.
Vivienda pública: reformar las reglas del juego
La segunda pata del decreto aborda un problema estructural que lastra desde hace años el desarrollo de vivienda asequible en España: la complejidad normativa que dificulta la colaboración entre el sector público y el privado para poner en uso suelos de titularidad estatal.
Se ha convalidado la modificación de la Ley de Contratos del Sector Público para impulsar la construcción de vivienda asequible en suelos de titularidad pública, avanzando en la simplificación y flexibilización del marco normativo para facilitar la aplicación de las distintas fórmulas de colaboración público-privada recogidas en la Ley por el Derecho a la Vivienda.
La norma establece una serie de particularidades a los contratos de concesión cuando estos tengan por objeto realizar actuaciones de construcción o rehabilitación sobre suelo o inmuebles de titularidad pública destinados a vivienda social o a precios asequibles. En otras palabras: el Estado quiere que sus propios terrenos dejen de estar ociosos y se conviertan en solución habitacional para los ciudadanos que más lo necesitan.
Dos respuestas a un mismo problema
Rehabilitación e incremento del parque de vivienda pública son, en el fondo, dos caras de la misma moneda: la necesidad de dar respuesta a una crisis de accesibilidad residencial que golpea especialmente a jóvenes y a rentas medias y bajas. Con estas medidas, el Gobierno intenta activar palancas fiscales y regulatorias para que tanto propietarios particulares como administraciones públicas se pongan manos a la obra —en el sentido más literal de la expresión— antes de que finalice la presente legislatura.
