El Gobierno aprueba bajar la luz hasta un 13% en los próximos cinco años

El Gobierno aprueba bajar la luz hasta un 13% en los próximos cinco años

El Gobierno anunció ayer que familias y pequeñas empresas podrán reducir los costes de su factura eléctrica en al menos un 13% en los próximos cinco años gracias a la creación de un Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSS) que, según adelantó la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asumirá la parte de los costes fijos asociados al recibo de la luz, el denominado RECLORE, esto es, el régimen retributivo específico de las renovables, cogeneración y residuos. Un coste que, en la actualidad, recaía en consumidores particulares y empresas.

Implantación progresiva en cinco años

Montero adelantó que la implantación del mecanismo se realizará de forma progresiva en cinco años y su impacto será positivo para los consumidores domésticos, destacando la ministra que “de no crearse el fondo, los costes fijos del recibo de la luz para estos consumidores podrían incrementarse en un 10%, lo que supondría una subida media de la factura de entorno al 6,5% al año, algo intolerable para este Gobierno”.

Serán las empresas que vendan energía las que asuman los costes, realizando aportaciones al nuevo fondo en función de sus ventas. De esta manera “no saldrán del bolsillo de los consumidores de electricidad”, anunció la portavoz del Gobierno, tras reconocer que este nuevo mecanismo sustituirá al sistema actual implantado en 2012, cuando existía una previsión “de precios altos de mercado y demanda creciente de electricidad”.

Hay una serie de indicadores que ha permitido revertir la situación anterior, entre las que Montero citó la mayor eficiencia enefrgética en los consumos y la incorporación de las renovables al sistema. De ahí la creación de este fondo como una alternativa a incrementos de la parte regulada de la factura de la luz, cuyo impacto beneficiará más a los hogares vulnerables, pequeñas y medianas instalaciones y también a los pequeños promotores de renovables, a los que el déficit del sistema les supone grandes dificultades para acometer nuevas inversiones.

Confianza a los inversores

Este mecanismo “que en ningún caso trata de aumentar la presión fiscal o recaudatoria”, aseguró Montero, “otorgará confianza al sistema y afianzará a España como un país serio en el que invertir en nuevos proyectos de renovables o ligados a la transición energética, con lo que ello conlleva en el mantenimiento de la actividad y empleo”.  Surge, destacó Montero, a propuesta de “sectores independientes, académicos, organismos de regulación y diferentes partidos”, con la finalidad de acercar a España a los sistemas que ya funcionan en otros países de nuestro entorno, entre ellos Francia y Alemania.