La Rioja aprueba 2,15 millones para el programa de ayudas a la rehabilitación energética
Impulsar la sostenibilidad en la edificación. Con este objetivo, el Gobierno de La Rioja ha aprobado un gasto de 2,15 millones de euros para el programa de ayudas directas a las actuaciones de rehabilitación energética de edificios completos existentes de la comunidad, construidos antes de 2007.
El presupuesto de esta línea de ayudas, que se concederán en los próximos dos años, proviene del Fondo Nacional de Eficiencia Energética y será gestionado por la Dirección de Política Territorial, Urbanismo y Vivienda de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población.
Como ha señalado la titular de esta Consejería, Eva Hita, con estas ayudas se pretende “incentivar la realización de actuaciones de mejora de la eficiencia energética en edificios completos y contribuir a alcanzar los objetivos medioambientales de la normativa europea, relativos a la reducción del consumo de energía final y del nivel de emisiones de dióxido de carbono, mediante el ahorro energético, la mejora de la eficiencia energética y el aprovechamiento de las energías renovables”. Y de forma paralela, “fomentar la sostenibilidad en la edificación e impulsar la reactivación económica”.
Edificios antiguos
Pueden optar a las ayudas los edificios de viviendas unifamiliares, de tipología residencial colectiva y de cualquier otro uso como administrativo, sanitario, docente o cultural. En cuanto a las actuaciones subvencionables, tendrán que ver con la mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica; la mejora de la eficiencia energética y uso de energías renovables en las instalaciones térmicas y la mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación”, ha informado Hita.
Entre los destinatarios figuran: personas físicas o jurídicas de naturaleza privada o pública que sean propietarios de edificios; comunidades de propietarios o agrupaciones de comunidades de propietarios de edificios residenciales de uso vivienda; propietarios que de forma agrupada sean propietarios de edificios residenciales de uso vivienda; empresas explotadores, arrendatarias o concesionarias de edificios; empresas de servicios energéticos o proveedores de servicios energéticos; entidades locales y comunidades de energías renovables; y comunidades ciudadanas de energía.
