Primeras propuestas de CCAA al Plan Nacional de Seguridad Energética
El 7 de septiembre tendrá lugar la Conferencia Sectorial de Energía para abordar entre las CCAA el Plan Nacional de Seguridad Energética, un plan de contingencia adicional al decreto de ahorro energético recientemente aprobado. Las Juntas de Extremadura y Castilla León ya han enviado sus primeras propuestas.
Intensificar y multiplicar el peso de las energías limpias
La Junta de Extremadura ha realizado propuestas al Plan de Contingencia de Seguridad Energética que, enfocadas en el ahorro y la eficiencia energética, tratan de intensificar y multiplicar el peso de las energías limpias en el consumo, y adicionalmente, favorecer el desarrollo de una industria sostenible en línea con el Plan Extremeño Integrado de Energía y Clima.
Las aportaciones extremeñas se centran en medidas para la electrificación de la economía y para incentivar el despliegue de energías renovables, con el objetivo de caminar hacia un escenario de completa descarbonización.
Para ello, se proponen medidas en diversos ámbitos, como acelerar los concursos de nuevos puntos de conexión a la red que permitan seguir aprovechando el potencial renovable que alberga la región; o una mayor flexibilidad en la planificación de la red de transporte que atienda ágilmente las necesidades de demanda de energía eléctrica asociadas a nuevos proyectos industriales que puedan surgir en el corto plazo y que requieren de elevados consumos.
También se propone promover el autoconsumo y agilizar la repotenciación de instalaciones renovables existentes, así como el impulso a la incorporación de almacenamiento en los proyectos y a la hibridación entre tecnologías, tanto en instalaciones nuevas como en las que ya se encuentran en operación.
Sanciones por compensaciones
Por su parte la propuesta de Castilla y León se basa en 4 principios y 3 consideraciones.
La Junta considera que las medidas que se deben adoptar para hacer frente al contexto de emergencia energética deben guiarse por los siguientes 4 principios:
- La excepcionalidad de la situación justifica la adopción de medidas coyunturales, incluso de carácter estructural, aun cuando las mismas hubiesen sido descartadas por el Gobierno en los instrumentos de planificación energética nacional.
- Obligatoriedad para las Administraciones Públicas y resto de entidades dependientes o vinculadas al sector público y voluntariedad para los ciudadanos y las entidades pertenecientes al sector privado.
- Fomento de las medidas a través de incentivos y actuaciones ejemplarizantes; y en ningún caso mediante mecanismos coercitivos y sancionadores.
- Adopción de las mismas previo debate y consenso con el resto de administraciones públicas y sectores afectados.
Además, estas cuatro medidas, deben atender a las siguientes consideraciones:
En primer lugar deberán incluir una contabilización y minimización de sus efectos sobre la actividad económica en general, así como sobre la competitividad de las empresas y las economías domésticas en particular; en segundo lugar, tendrán que de considerar el factor temporal ya que algunas pueden implementarse con carácter inmediato, pero las que conlleven inversiones arrastrarán unos determinados plazos constructivos y legales que igualmente pueden verse condicionadas por la oferta de profesionales o stock de equipos suficientes por incremento puntual de la demanda; y en tercer y último lugar, tendrán, como objetivo específico la reducción a corto plazo de la demanda de gas natural, ya sea a través del consumo directo o a través del consumo eléctrico.
La batería de medidas propuestas incluye entre otras ideas la de ‘activar masivamente un ‘Plan Renove de Calderas’ financiado con fondos europeos, el fomento del autoconsumo, una apuesta por la biomasa, mantener las centrales nucleares activas, el uso temporal de carbón y prorrogar las ayudas para reforma energética de edificios más allá de 2022.
