España cuenta con 25 millones de viviendas y uno de los mayores parques de edificios obsoletos energéticamente. Se calcula que hay unos 2.000.000 de viviendas en mal estado de conservación y de los 10,7 millones de viviendas en edificios de 4 o más plantas, 4 millones todavía no tienen ascensor, ni salva-escaleras ni rampas que faciliten el acceso.

 

En materia de eficiencia energética el déficit es muy importante: el 90% de los edificios son anteriores a la aplicación del CTE y el 60% de las viviendas españolas se construyeron sin ninguna normativa de eficiencia energética (son anteriores a la aplicación de la NBE-CT 79). Las viviendas consumen en España el 17% de toda la energía del país y las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por los edificios han crecido más de un 20% desde 1990. El consumo de energía por metro cuadrado de los edificios en España supera de media los 200 kWh/m2/año.

 

Así mismo, el 38% de los españoles no está satisfecho con el aislamiento contra el calor y el frío de sus viviendas y el 42% con el aislamiento contra el ruido (encuesta CIS 2010).

 

Se estima que existe un potencial de ahorro del 10% y hasta ahora la actividad en renovación ha sido muy escasa, prácticamente sólo motivada por la Inspección Técnica de los Edificios de los Ayuntamientos. El principal problema es el de la financiación y el retorno de la inversión.

 

Según la Comisión de Infraestructuras y urbanismo de la CEOE, la actuación en unas 250.000 viviendas por año, con una media de 15.000€ por intervención (desde la pequeña reforma hasta la rehabilitación integral) puede suponer 135.000 empleos directos.

 

Además, en España la construcción de nuevos edificios se ha reducido de forma muy relevante: se estima que en 2050 los edificios nuevos construidos entre hoy (2013) y 2050 representarán como máximo un 10% del parque de edificios existente.

 

De esta forma, como una de las conclusiones del Congreso RiED 2013, la rehabilitación es una prioridad y una oportunidad para todos: reactiva un sector muy dañado, mejorando las condiciones de vida de los ciudadanos y reduciendo nuestra dependencia energética. En ese sentido cabe recordar que no es un gasto, sino una inversión que se autofinancia y se rentabiliza por vía de los ahorros generados y la revalorización conseguida. Otras conclusiones de este Congreso centrado en la rehabilitación fueron:

 

  • El apoyo de la Administración debe ser decidido, no sólo incentivando sino ofreciendo un marco regulatorio que integre la rehabilitación, con sus particularidades. Las nuevas normativas recién aprobadas deben ser el principio, pero no bastan.
  • Se deben involucrar todos los sectores profesionales: técnicos, tecnólogos, administradores de fincas y gestores de los edificios.
  • Es necesario concienciar al ciudadano: la rehabilitación no sólo generará ahorros que ayudarán a financiarla, sino que mejorará en su calidad de vida.
  • La rehabilitación es rentable en todos los sectores edificatorios. En vivienda la amortización se produce a más largo plazo, por lo que la Administración debe incentivarla mediante beneficios fiscales o económicos.
  • Todos los elementos del edificio tienen potencial de ahorro. La intervención en la envolvente, pese a su retorno de inversión más largo, a la larga genera mayores ahorros por su perdurabilidad.
  • La intervención a nivel de barrios es beneficiosa: reduce costes, redunda en beneficio de todos los ciudadanos y aumenta la viabilidad.
  • La financiación de todo esto es posible: el recurso a los bancos no debe ser más que una más de las opciones, y no necesariamente la primera.

 

En definitiva, la rehabilitación supone una dinamización económica de los sectores de la construcción y servicios energéticos y la consiguiente creación de empleo a nivel local.