La CNC propone la construcción de 150.000 viviendas al año
En su reciente Asamblea General, la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) ha presentado una ambiciosa propuesta destinada a paliar los desafíos del mercado inmobiliario español. La iniciativa contempla la construcción de 150.000 viviendas anuales, con el propósito de abordar las crecientes dificultades de acceso a la vivienda.
Según señala Pedro Fernández Alén, presidente de la CNC, esta propuesta, dirigida a diversas finalidades que incluyen protección social, venta o alquiler libre, así como alquiler regulado, sentaría las bases para resolver los problemas estructurales del sector mediante un incremento significativo en la oferta de viviendas.
En contraposición a políticas intervencionistas como el control de precios, la CNC aboga por un enfoque basado en la generación de una oferta adecuada a la demanda actual. Fernández Alén destaca que desde la crisis financiera de 2008, el crecimiento en la oferta inmobiliaria no ha sido suficiente para satisfacer las necesidades de la población. En este sentido, subraya que durante el ejercicio 2023 se completaron aproximadamente 85.000 viviendas, mientras que solo se emitieron 132.000 visados de obra nueva, lo que evidencia una tendencia decreciente exacerbada por factores como los altos tipos de interés y la creación anual de más de 210.000 hogares.
Para materializar esta propuesta, la CNC insta a la implementación de diversas medidas tanto a nivel estatal como regional. Entre estas medidas se incluye la promoción de un Pacto de Estado sobre la Vivienda con la participación de las comunidades autónomas y entidades locales, así como el fomento de la Colaboración Público-Privada, especialmente en municipios pequeños y regiones autónomas. Asimismo, se propone agilizar los préstamos ICO y concienciar a las entidades financieras sobre la importancia de respaldar proyectos inmobiliarios.
En el ámbito fiscal, la CNC aboga por la implementación de un Programa de avales destinado a jóvenes para facilitar la concesión de hipotecas, así como por la generalización de la actualización de los Módulos de los Planes de Vivienda. Además, propone la introducción de bonificaciones fiscales en impuestos como el ITP o el IBI para la adquisición de viviendas en zonas rurales.
Desde una perspectiva jurídica, la patronal defiende la necesidad de impulsar una ley de seguridad jurídica en materia de urbanismo que garantice la estabilidad de los planes urbanísticos. También aboga por favorecer la creación de recursos residenciales para personas mayores, como viviendas compartidas con servicios comunes, con el objetivo de garantizar un entorno seguro y adecuado para este segmento de la población.
