La falta de liquidez de pymes y autónomos fractura la cadena de pagos

La falta de liquidez de pymes y autónomos fractura la cadena de pagos

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) detecta una significativa fractura en la cadena de pagos, tras analizar al detalle los resultados de una encuesta que trata de medir el alcance del Covid-19 en los pagos a proveedores. De “dramática y preocupante” califica Antoni Cañete, presidente de la PMcM, la situación que viven los autónomos, micropymes y pymes que, con una falta evidente de liquidez tras el frenazo económico, “son ellos ahora los que más tardan en pagar a sus proveedores”.

Este colectivo era, hasta el principio de la pandemia, los principales perjudicados por los impagos de proveedores, en especial de grandes compañías y de las Administraciones Públicas. Sin embargo, la crisis del coronavirus “ha trastocado la situación, dejándolos sin liquidez y posibilidad de reacción a la hora de afrontar sus pagos, haciendo “la cadena esté más fracturada que nunca”, matiza Cañete.

La PMcM ha sacado está conclusión tras encuestar a unos 700 participantes que, en el 74% de los casos, reconocen esas dificultades. Desglosando aun más el porcentaje, nos encontramos con un 39% que detecta que son los que autónomos y las micropymes los que más están tardando en pagarles, mientras que el 35% restante lo atribuye a las pymes como parte de un colectivo con poco músculo financiero y desprotegido por las medidas del Estado .

Un escenario sin precedentes

Ante esa evidencia, la PMcM exige al Ejecutivo una reacción urgente e inmediata de una nueva realidad, que dibuja un escenario a corto plazo “sin precedentes en España”, a pesar de las advertencias de que, desde hace años, “veníamos siendo el país europeo con los plazos de pago más largos”, asegura Cañete, quien recuerda que la Plataforma está proponiendo medidas concretas, capaces de contrarrestar esa situación, sin costes adicionales a las arcas del Estado.

Figuran entre ellas ellas tanto la devolución de los IVAs pendientes de compensar como la creación de una línea ICO para pagar facturas pendientes a interés cero, además de que se liberen parte de los 12.000 millones de euros de remanente que tienen los Ayuntamientos retenidos en las cuentas para que paguen a sus proveedores y que se articule un Real Decreto Ley que obligue a las Administraciones Públicas y a las grandes compañías con balances saneados y capacidad de financiación a liquidar urgentemente los pagos pendientes a proveedores (15.000 millones de euros en el caso de las AA.PP. y 122.000 millones en el de las compañías del Mercado Continuo).

También consideran necesario que se agilicen los trámites burocráticos y haya un criterio consensuado único que permita a pymes y autónomos facturar los contratos públicos paralizados por la crisis sanitaria del coronavirus y que la AA.PP asegure el eficiente reparto de los lotes en las licitaciones de manera que las pymes mejoren su acceso a la contratación pública y puedan beneficiarse del previsible aumento de gasto en inversión pública que el Gobierno hará para afrontar la crisis del coronavirus.

Cañete está convencido de que si el Gobierno pusiera en marcha estas medidas, “estaríamos inyectando savia desde la raíz a todo nuestro entramado empresarial, se crearía una auténtica cadena de pagos”, máxime cuando no se está pidiendo nada excepcional, simplemente, “que se cumpla la ley”, remarca.

Además, la PMcM considera que no debería permitirse que grandes compañías con balances saneados y capacidad de financiación no estén cumpliendo la Ley de Lucha contra la Morosidad y que deberían quedar fuera de recibir ayudas del ICO, Banco Central Europeo, etc., condicionando además su acogida a los ERTES “con que hayan liquidado sus cuentas con proveedores”, sentencia Cañete. En esta línea, el 72% de las empresas considera que ante la crisis del Covid-19, hubiera sido útil el funcionamiento de un Régimen Sancionador que multara a las empresas morosas.

Los subcontratistas en la cadena de cobros

Los subcontratistas en adjudicaciones públicas, el eslabón final de las cadenas de pagos, detectan en un 49% de los casos de al encuesta de la Plataforma una dilatación en los plazos de cobro por parte de sus clientes, los contratistas más fuertes, una situación que, según Cañete, se solventaría en parte “si se ejerciera la acción directa de los subcontratistas frente a las AA.PP., en el caso de que los contratistas estén retrasando sus pagos”. La realidad es que, según el sondeo, solo al 0,4% de los subcontratistas le han ofrecido poder cobrar directamente de la Administración en vez del contratista principal.

La encuesta demuestra que el 53% de las empresas se encontraban abiertas con restricciones, el 38% abiertas sin ningún tipo de restricción y el 9% cerradas, con un 78% del global que perciben una influencia directa de las crisis en la actividad de su negocio. Tal es así, que el 94% de las empresas ha visto que sus ventas han disminuido desde que comenzó la pandemia, con un porcentaje de reducción del 58%.

Diferencias sustanciales se encuentran entre los porcentajes del 28% que perciben mayor alargamiento de los plazos de pago por parte de las Administraciones Públicas y el 70% que lo detecta en el sector privado, aunque, con los datos en la mano, lo que más preocupa a corto plazo es la falta de actividad (82%), falta de liquidez (61%), mantenimiento de la plantilla (42%), complicaciones burocráticas (15%) y falta de suministros (9%), entre otras (11%).