Las empresas instaladoras condicionan su continuidad a la morosidad
FENIE llega a la conclusión de que los cumplimientos de pago y/o exigencia de cláusulas abusivas, en un sector formado en su mayoría por microempresas (más del 80% con menos de 9 trabajadores), sigue siendo uno de los principales problemas que condiciona la continuidad y competitividad de las empresas del sector, que en su inmensa mayoría reclama la regulación y activación de un reglamento sancionador para hacer frente al problema.
Impacto de la morosidad
La Federación ha lanzado una encuesta entre el colectivo de empresas instaladoras para conocer sus impresiones en materia de morosidad y disponer de datos reales sobre el impacto actual de este problema en la actividad de los asociados a nivel de todo el territorio.
Se ha buscado una comparativa del escenario actual con los resultados obtenidos en la anterior encuesta de la Federación, que se realizó durante los meses de confinamiento, permitiendo disponer de una visión global para detectar también cuál ha sido la evolución de la actividad de las empresas instaladoras durante este tiempo de incertidumbre.
Las conclusiones obtenidas se resumen en los siguientes puntos:
- El volumen de facturación del colectivo de empresas instaladoras del año 2020 ha disminuido un 13% respecto de 2019, aunque los porcentajes han mejorado en relación al 40% registrado en la etapa de confinamiento. Esos porcentajes evidencian una recuperación significativa de la actividad después del confinamiento que, aunque no ha permitido retomar los volúmenes de 2019.
- A pesar de esa tendencia positiva en la facturación, al sector le siguen preocupando las siguientes cuestiones: falta de actividad, la falta de liquidez, mantenimiento de la plantilla y complicaciones burocráticas. De hecho, la encuesta pone de manifiesto que, para todos los clientes tipo de una empresa instaladora (autónomo, micropyme, pyme, grande empresa y constructora), hay un elevado número que no cumplen los plazos de pago, entre los que figuran las constructoras y grandes compañías. Únicamente cumplen dentro del plazo legal en un 25% de días sin hacerse cargo de los intereses que eso supone.
- En relación a la administración pública, de las empresas que trabajan con ella -un 37% en total-, el 70% responden que no han variado los comportamientos de pago respecto a 2019. Además, de entre las empresas que trabajan con la Administración, la facturación media de operaciones representa un 14 % de la facturación total.
- Prácticamente el 100% de las empresas instaladoras han indicado que en caso de impagos o retrasos se conforman con cobrar todo lo que puedan y que no dedican esfuerzos en tratar de cobrar intereses de demora o exigir indemnizaciones. Esto demuestra que no existe respaldo legal frente a impagos y la poca/nula posibilidad de que prosperen iniciativas en este sentido.
- En cuanto a las metodologías de pago, los confirming y pagarés aparecen como fórmulas habituales de pago. Esto refuerza la postura de FENIE sobre la necesidad de que el deudor sea el que asuma los costes de los intereses de demora generados por confirmings o pagares de las facturas.
- Hay un 53% de empresas que han reconocido que se les está exigiendo aceptar cláusulas abusivas relacionadas con el plazo de pago, el tipo de interés de demora o la compensación por costes de cobro u otras prácticas contrarias a la ley.
- El 100% de las empresas encuestadas reclama la necesidad de regular un reglamento sancionador en materia de morosidad.
