El Gobierno aprueba la Ley de Vivienda
El Consejo de Ministros ha aprobado en su reunión de 1 de febrero la remisión a las Cortes, para su tramitación parlamentaria por el procedimiento de urgencia, del proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda.
La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha resaltado que la futura ley consolida el «quinto pilar del Estado del Bienestar» y ha afirmado que el Gobierno ha elaborado una ley «rigurosa, sólida, compacta y transversal» que blinda la función social que debe cumplir la vivienda y tiene vocación de perdurar en el tiempo. Además, ha reiterado que la motivación de la norma es responder a las necesidades de las personas y los hogares con más dificultades de acceso, como los jóvenes, que «han visto limitada su capacidad de poder emanciparse».
Para la titular del ramo, la nueva ley protegerá y fomentará el parque público de vivienda social, mejorará la regulación de los desahucios a personas en situación de vulnerabilidad, incentivará la vivienda protegida a precio limitado y establecerá fórmulas para contener y corregir los desequilibrios en los precios de alquiler en las «zonas de mercado tensionado».
Recordamos que la semana anterior, el Consejo General del Poder Judicial aprobó (por 15 votos a favor y seis en contra) un informe, preceptivo pero no vinculante, que cuestionaba la invasión de competencias autonómicas en que podría incurrir el Gobierno así como la posible intromisión en el derecho a la propiedad privada. El CGPJ consideraba el texto del Gobierno «sobrecargado», «contradictorio», «farragoso», «incongruente», «nocivo», «innecesario» e «inoportuno».
Raquel Sánchez ha señalado en la presentación del proyecto de ley que «Esta es una ley imprescindible porque el mercado ya se ha demostrado ineficaz para dar respuesta» y ha mostrado su «respeto absoluto» por las consideraciones del CGPJ y ha asegurado que en el proyecto se han incorporado «algunas de sus observaciones». «Los poderes públicos tenemos que garantizar el derecho a la vivienda y evitar la especulación«, indicó.
Una de las medidas más destacadas es la relativa al parque público de vivienda social. Raquel Sánchez ha explicado que se somete a protección permanente «para que no pueda ser enajenado, como sucedió en el pasado». Por su parte, la ministra Ione Belarra ha valorado que se imponga una reserva obligatoria del 30% de cualquier promoción a vivienda protegida y que de ese 30% el 15% tenga que ir a alquiler social, de modo que se pueda construir poco a poco un parque público de vivienda en consonancia con los países europeos.
